Ayer se supo que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó el recurso presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que buscaba la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación por el cual está procesado en rebeldía. Esta decisión de Llarena también afecta a los exconsejeros Lluis Puig y Antoni Comín, quienes se encuentran en una situación judicial similar a la de Puigdemont, acusados de delitos relacionados con los sucesos ocurridos en Cataluña en 2017.
El magistrado Llarena ha dictado un auto que, como se esperaba, desestima los recursos de reforma interpuestos tanto por Puigdemont como por Puig y Comín. Estos recursos pretendían que se aplicara la ley de amnistía a sus casos, argumentando que las acusaciones que enfrentan están directamente relacionadas con el proceso independentista catalán y, por tanto, deberían quedar cubiertas por esta norma.
La ley de amnistía es una norma aprobada recientemente que tiene como objetivo exonerar a aquellas personas que cometieron delitos en el contexto del proceso soberanista en Cataluña. Sin embargo, el juez Llarena ha decidido que no es aplicable en los casos de Puigdemont, Puig y Comín, al considerar que el delito de malversación del que se les acusa no encaja en los supuestos que recoge la ley. Esta interpretación del magistrado ha sido recibida con críticas por parte del entorno de los procesados y ha generado un intenso debate jurídico y político.
Llarena desestima el recurso de la Fiscalía
Además de rechazar los recursos de los implicados, Llarena también ha desestimado los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que habían solicitado al juez que aplicara la ley de amnistía a todos los procesados. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entendían que, dado el alcance general de la norma, debía aplicarse a todos los casos relacionados con el referéndum del 1 de octubre y los hechos posteriores.
Ahora, Puigdemont, Puig y Comín tienen la opción de recurrir esta decisión ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que será la encargada de determinar si la interpretación de Llarena sobre la ley de amnistía es correcta o si, por el contrario, debe revisarse para incluir sus casos.
