Más de 800 adolescentes extranjeros han sido trasladados a España por sus propias familias en los últimos años con el objetivo deliberado de ingresar en el sistema público de protección a la infancia y transferir su manutención a las arcas públicas. Así lo revelan las investigaciones de la Policía Nacional, que sitúan el epicentro de esta práctica en Madrid, Cataluña y el País Vasco, aunque los expedientes se extienden por diversas regiones del país.
El procedimiento responde a una operativa planificada: las familias viajan a España provistas de visados de turista y dejan posteriormente a los menores en territorio nacional para forzar que las administraciones autonómicas asuman su tutela legal, alojamiento y educación.
En numerosos casos, los propios jóvenes se presentan en comisarías portando notas manuscritas en las que alegan encontrarse en situación de desamparo. Las pesquisas han llegado a acreditar incluso que algunos progenitores regresan periódicamente a España en calidad de visitantes para ver a sus hijos mientras estos permanecen tutelados y financiados por las instituciones públicas.
Detenciones de la UCRIF y solvencia económica de las familias
La Policía Nacional ha detenido ya a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz) como presuntas responsables de delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal, en el marco de una operación que mantiene activas alrededor de veinte órdenes de búsqueda y detención.
Las diligencias, impulsadas por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia y Alicante, han permitido comprobar que los implicados pertenecen a familias procedentes del Magreb con solvencia económica suficiente para tramitar visados turísticos.
Los menores investigados, de 16 y 17 años, entraron en España por vía aérea a través de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona, y la mayoría contaba ya con familiares adultos residiendo de forma regular en el país.
Estrategia de arraigo y desvío de recursos asistenciales
De acuerdo con los investigadores, esta maniobra persigue un doble beneficio: por un lado, trasladar a las administraciones españolas el coste económico de la crianza y escolarización de los adolescentes y, por otro, allanar su posterior regularización mediante los cauces legales de residencia y reagrupación familiar al alcanzar la mayoría de edad.
La actuación policial pone de relieve un presunto aprovechamiento fraudulento de los mecanismos asistenciales concebidos originalmente para amparar a menores extranjeros no acompañados que sufren un desamparo real.



