Tras la visita de las autoridades del Estado, el pasado 3 de noviembre a la llamada zona cero en Paiporta, se han empezado a conocer relatos de personas que fueron rescatadas por uno de los acusados de dar una patada al coche en el que Pedro Sánchez emprendió su huida tras los desmanes ocurridos en la localidad.
Tal y como relata El Mundo, este acusado salvó a dos personas de morir ahogadas en Paiporta abriendo un boquete en la pared de un local. Siguió rescatando gente y sacando muertos de las casas sin saber si su familia estaba bien.
Días después, fue llamado a declarar en el marco de las investigaciones por los golpes a uno de los coches de la comitiva del presidente.
Vecinos de la localidad y las personas que fueron rescatadas por él, aseguran que no hace parte de ningún grupo de extrema derecha, como trató de hacer ver el Gobierno desde un principio.
Este hombre, junto con otras dos personas que también están investigadas, podrían ser condenados a siete años por atentado a la autoridad y disturbios.
Yolanda Díaz tacha a la empresa pública Tragsa, como responsable de la muerte del trabajador en Massanasa
La vicepresidenta Yolanda Díaz sugirió este domingo que la empresa pública Tragsa no veló por la seguridad del operario fallecido, al derrumbarse parte del tejado del colegio Lluís Vives de Massanassa, en Valencia, donde participaba en las tareas de limpieza y acondicionamiento tras la DANA.
El accidente se registró antes de las doce del mediodía, cuando quedaron atrapados dos operarios de la empresa estatal al desplomarse una pérgola que unía dos naves del centro escolar.
El fallecido es un operario de 51 años, mientras que otro de 35 sufrió heridas leves en una pierna y lesiones en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital La Fe de València.
Tras tener conocimiento de estos hechos, Yolanda Díaz, publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó la actuación en la empresa pública Tragsa.
En el mensaje asegura que «el carácter de emergencia de todas las obras de reconstrucción en Valencia no pueden afectar a los derechos, a la seguridad y a la salud de las personas trabajadoras» y afirmó que «Corresponde al deber empresarial, la obligación de evaluar previamente los lugares de trabajo, adaptar todas las medidas preventivas necesarias y las tareas de coordinación obligatorias.»
