El Tribunal Supremo rechaza amnistiar a Carles Puigdemont y mantiene la orden de detención en su contra.
Los magistrados consideran que la ley no es aplicable al delito de malversación y a su vez anuncian las siguientes decisiones:
Por un lado, el juez Pablo Llarena mantiene vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.
Por otro lado, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, descarta anular la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Según el juez Llarena, «los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial». La Sala de lo Penal añade que los condenados por el procés «hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su propio patrimonio».
Con esta resolución, el Supremo se desmarca del criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tuvo que imponerse a sus subordinados para defender una amnistía total en las causas del procés. También se aleja de la postura de la Abogacía General del Estado, que siguió la misma línea y defendió que no se apreciaba «un propósito de enriquecimiento» por parte de los líderes independentistas.
