Hoy contamos en la Tertulia en Libertad con Javier Benegas, Ignacio Trillo y Anna Grau para hablar sobre los temas más relevantes de hoy. El tema principal de la tertulia ha sido que procesan al Fiscal General del Estado.
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos.
Recuerden que todo este caso comenzó con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Pues bien, ahora el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado da por concluida la instrucción y abre un procedimiento abreviado. Donde García Ortiz podría enfrentarse a hasta cuatro años de prisión.
Pero no solo eso, también propone procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, envuelta en el caso de las filtraciones.
Según el auto, el fiscal general habría actuado siguiendo presuntas “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de “ganar el relato”. El propio García Ortiz habría coordinado una respuesta urgente con otros fiscales, principalmente por WhatsApp. Principalmente para negar que la iniciativa del pacto partiera de la Fiscalía.
Desde Moncloa se ha negado con firmeza que existieran “indicaciones de Presidencia” para filtrar información sobre la pareja de Ayuso. También a tachado esta afirmación de “grave” y sin fundamento. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa del Fiscal General del Estado.
La Fiscalía, por su parte, ha respaldado de forma inequívoca que García Ortiz permanezca al frente del órgano y no dimita, argumentando que su salida supondría un precedente negativo para la institución.
Otras noticias
En la tertulia en libertad de hoy también hemos hablado sobre el parón simbólico. Cinco asociaciones profesionales —tres de jueces y dos de fiscales— emitieron el pasado 23 de mayo un comunicado conjunto en el que exigían la retirada del proyecto de ley aprobado por el Gobierno en materia de Justicia. Denuncian que dicho texto legislativo incluye medidas “altamente perjudiciales” que afectan de forma grave a la independencia judicial, no responden a una demanda social real y no abordan los problemas estructurales del sistema judicial. Además, advierten de que la reforma incrementa el riesgo de politización de la Justicia y debilita los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Como muestra de protesta, las asociaciones han convocado un paro simbólico de diez minutos el 11 de junio, a las 12:00 horas, frente a las sedes judiciales. Con esta acción, los miembros de la carrera judicial y fiscal pretenden visibilizar su rechazo a la reforma propuesta y manifestar su respaldo a los objetivos del comunicado.
