Comenzamos este bloque informativo hablándoles de una noticia que marca un antes y un después en la historia de España. El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos.
Recuerden que todo este caso comenzó con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Pues bien, ahora el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado da por concluida la instrucción y abre un procedimiento abreviado, en el que García Ortiz podría enfrentarse a hasta cuatro años de prisión.
Pero no solo eso, también propone procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, envuelta en el caso de las filtraciones.
Según el auto, el fiscal general habría actuado siguiendo presuntas “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de “ganar el relato”. El propio García Ortiz habría coordinado una respuesta urgente con otros fiscales, principalmente por WhatsApp, para negar que la iniciativa del pacto partiera de la Fiscalía.
Desde Moncloa se ha negado con firmeza que existieran “indicaciones de Presidencia” para filtrar información sobre la pareja de Ayuso, tachando esta afirmación de “grave” y sin fundamento. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa del Fiscal General del Estado
La Fiscalía, por su parte, ha respaldado de forma inequívoca que García Ortiz permanezca al frente del órgano y no dimita, argumentando que su salida supondría un precedente negativo para la institución.
Siguen llegando menores a Canarias
El Gobierno de Canarias ha encendido las alarmas tras superar los 5.600 menores inmigrantes bajo su tutela. Esto es lo que ha llevado al sistema de acogida al borde del colapso.
La llegada constante de cayucos desde África Occidental —sobre todo desde Mauritania, Senegal y Gambia— hace prever que la situación empeore en las próximas semanas.
El presidente canario, Fernando Clavijo, se reunirá con el ministro Ángel Víctor Torres para exigir acciones inmediatas.
Además, el Gobierno de las islas propone medidas paralelas como limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. También flexibilizar el uso de fondos públicos para afrontar tanto la crisis migratoria como la de vivienda.
