Los juzgados de Ceuta decretaron prisión provisional para nueve inmigrantes llegados en la avalancha del 30 de julio y ordenaron la expulsión de otros dos por agresión sexual, allanamiento, atentado a la autoridad, lesiones y tráfico de drogas.
Tres de los casos son agresiones sexuales, dos con penetración, cometidas presuntamente por marroquíes contra mujeres inmigrantes, una de ellas menor de edad a quien además obligaban a vender droga. Cinco detenidos más ingresaron en prisión por atentado contra agentes de la autoridad.
Mientras tanto, seis colegios de Ceuta sufrieron entradas ilegales, vandalismo y actos de insalubridad a menos de un mes del inicio del curso. La Policía desalojó grupos de inmigrantes que usaban las instalaciones como refugio nocturno, dejando puertas dañadas, cristales rotos, basura y desechos humanos.
El Ejecutivo ceutí anunció un plan de limpieza intensiva para el lunes. Entre 8.000 y 11.000 inmigrantes permanecen aún en la ciudad, con más de 1.400 menores censados aunque el ministro reconoció que «son muchos más».
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