La trama liderada por Santos Cerdán comenzó en Navarra y se extendió por toda España tras la llegada del PSOE al Gobierno. Su objetivo era enriquecerse mediante el cobro de comisiones ilegales ligadas a adjudicaciones de obra pública.
Según ha publicado El Mundo, un informe de la UCO de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo, la red operó al menos desde 2015 y se expandió tras el nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. El documento, de 490 páginas, detalla los roles de los tres principales implicados: Cerdán gestionaba los pagos, Ábalos usaba su influencia en la Administración y Koldo García recaudaba el dinero.
El origen de la trama se sitúa en 2015, con Cerdán, Koldo, el empresario Antxon Alonso y el exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, vinculados a las empresas Acciona Navarra y Servinabar. Esta última es propiedad de Alonso, cuya vivienda fue registrada recientemente en Vizcaya.
En 2017, Cerdán nombró a secretario de Coordinación Territorial del PSOE a Koldo y promovió su llegada como conductor de Ábalos, facilitando así su salto de la red al ámbito nacional.
Las adjudicaciones bajo sospecha ascienden a más de 720 millones de euros. La principal beneficiaria fue Acciona, que obtuvo contratos por 537 millones, ya fuera en solitario o en consorcio con otras compañías.
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