José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real con un mensaje tajante: “Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar”, publicó en X a través de su entorno, ya que los internos no tienen acceso a Internet, según explican fuentes de Instituciones Penitenciarias a EFE.
El perfil, ahora llamado “En el nombre de Ábalos”, defiende su inocencia y denuncia la petición de 24 años de cárcel por delitos que asegura no haber cometido. En otro mensaje, agradece el buen trato recibido en la prisión y afirma que su adaptación está siendo “menos traumática de lo que esperaba”, aunque reconoce que “hace mucho frío”.
En un tercer mensaje, critica a “líderes autoritarios, medios comprados y un Estado de derecho degradado”, a los que acusa de querer “aniquilar los derechos humanos”. Además, recuerda que debe cuidar de su madre, de 96 años, por lo que rechaza el “riesgo extremo de fuga” al que alude el auto del juez.
La trama Koldo se extiende al País Vasco
El Gobierno vasco mantiene una destacada relación contractual con Acciona, compañía mencionada en informes de la UCO por sus vínculos con UTE relacionadas con administraciones socialistas.
En País Vasco, un exalto cargo del Ejecutivo figura asociado a la empresa en adjudicaciones de obra pública por 188 millones de euros, principalmente en proyectos viarios como los metros de Bilbao y San Sebastián.
Según informa ‘esdiario’, la documentación consultada señala que varias de estas obras fueron adjudicadas con criterios técnicos considerados subjetivos y posteriormente modificadas al alza. Acciona también ha recibido otros contratos financiados con fondos públicos en los últimos años.
El exalto cargo, Martín Ascacibar —exdirector de Innovación del Gobierno vasco, condenado en 2018 por subvenciones irregulares— representaba ya entonces a Acciona en la comisión del desarrollo urbanístico de Zorrotzaurre, junto a cargos del Ejecutivo vasco y del Ayuntamiento de Bilbao.
Ascacibar ha estado vinculado también a la inmobiliaria Loiola y desde 2014 colabora con Altuna y Uría, que forma UTE con Acciona en los contratos por 188 millones. Estas adjudicaciones proceden de la consejería dirigida por el socialista Iñaki Arriola hasta 2024 y posteriormente por Susana García Chueca. Arriola adjudicó desde su consejería los primeros cuatro contratos. Sumaban 187 millones. García Chueca añadió un quinto contrato por un millón.
