Moncloa pisa el freno. El real decreto ley para blindar el embargo de armas a Israel no llegó esta semana al Consejo de Ministros y, como pronto, se abordará la próxima.
Según adelantó Vozpópuli, fuentes del Gobierno admiten el retraso por la “complejidad” del texto. No es solo un gesto político, señalan, sino un entramado jurídico que toca leyes, decretos y acuerdos internacionales y que, si se redacta mal, podría tener un alto coste para el Estado.
El entorno de Pedro Sánchez recuerda que un embargo no implica solo frenar compras futuras, sino resolver qué hacer con los contratos en vigor más de 40, según sus cálculos. Cancelarlos podría llevar a España a tribunales arbitrales en Washington, París o Londres.
Los equipos jurídicos trabajan para blindarse ante dos riesgos: demandas por incumplimiento contractual en arbitrajes internacionales y pleitos inversor-Estado en foros como el CIADI del Banco Mundial, cuyos laudos pueden perseguir durante años y ejecutarse en terceros países.
