El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre el impacto de la ley de amnistía en el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. La orden de detención nacional contra Carles Puigdemont sigue vigente y activa, y Llarena ha notificado esta situación a la Policía.
Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el juez ha concedido un plazo de cinco días a las partes para que expresen su opinión sobre cómo aplicar esta norma a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas que no enfrentaron juicio por el «procés» debido a su fuga.
Llarena, como instructor de la causa que afecta a Puigdemont, Marta Rovira y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, quienes nunca enfrentaron juicio por haber huido del país, ha solicitado a las partes que informen sobre «la aplicabilidad o inaplicabilidad» de la amnistía a los diversos hechos que se les atribuyen.
Moncloa permite el desacato del Parlament al TC para cerrar un acuerdo ‘in extremis’ con ERC
El Gobierno desiste de recurrir en el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de Edad del Parlamento catalán de permitir el voto telemático de los tres fugados de la justicia, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Ruben Wagensberg.
El motivo que han utilizado ha sido que ellos no estuvieron en la mesa de edad, que conformaron tres partidos: ERC, Junts y Vox.
Además, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, salió a rueda de prensa para mostrar su conformidad con las decisiones tomadas.
Alegría insinúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con alguna formación para nombrar a Salvador Illa como presidente. En este contexto, The Objective informa que el Gobierno decidió no impugnar este supuesto desacato ante el Tribunal como parte de los compromisos adquiridos con ERC para lograr que acepten negociar la investidura de Salvador Illa. Además, menciona el pacto con los independentistas para la Mesa del Parlamento catalán.
