Investigaciones policiales identifican más de 800 casos de menores extranjeros trasladados por sus familias a España para ingresar en centros de acogida

Más de 800 adolescentes extranjeros han sido trasladados a España por sus propias familias en los últimos años con el objetivo deliberado de ingresar en el sistema público de protección a la infancia y transferir su manutención a las arcas públicas. Así lo revelan las investigaciones de la Policía Nacional, que sitúan el epicentro de esta práctica en Madrid, Cataluña y el País Vasco, aunque los expedientes se extienden por diversas regiones del país.

El procedimiento responde a una operativa planificada: las familias viajan a España provistas de visados de turista y dejan posteriormente a los menores en territorio nacional para forzar que las administraciones autonómicas asuman su tutela legal, alojamiento y educación.

En numerosos casos, los propios jóvenes se presentan en comisarías portando notas manuscritas en las que alegan encontrarse en situación de desamparo. Las pesquisas han llegado a acreditar incluso que algunos progenitores regresan periódicamente a España en calidad de visitantes para ver a sus hijos mientras estos permanecen tutelados y financiados por las instituciones públicas.

Detenciones de la UCRIF y solvencia económica de las familias

La Policía Nacional ha detenido ya a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz) como presuntas responsables de delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal, en el marco de una operación que mantiene activas alrededor de veinte órdenes de búsqueda y detención.

Las diligencias, impulsadas por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia y Alicante, han permitido comprobar que los implicados pertenecen a familias procedentes del Magreb con solvencia económica suficiente para tramitar visados turísticos.

Los menores investigados, de 16 y 17 años, entraron en España por vía aérea a través de los aeropuertos de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona, y la mayoría contaba ya con familiares adultos residiendo de forma regular en el país.

Estrategia de arraigo y desvío de recursos asistenciales

De acuerdo con los investigadores, esta maniobra persigue un doble beneficio: por un lado, trasladar a las administraciones españolas el coste económico de la crianza y escolarización de los adolescentes y, por otro, allanar su posterior regularización mediante los cauces legales de residencia y reagrupación familiar al alcanzar la mayoría de edad.

La actuación policial pone de relieve un presunto aprovechamiento fraudulento de los mecanismos asistenciales concebidos originalmente para amparar a menores extranjeros no acompañados que sufren un desamparo real.

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