La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado aplicar formalmente la Ley de Amnistía a la exconsejera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí, declarando la extinción definitiva de su responsabilidad penal.
La resolución de la Sala Segunda llega tras desbloquearse el procedimiento con la resolución del Tribunal Constitucional, que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en su día por el propio alto tribunal y cuya tramitación había dejado en suspenso el archivo de las actuaciones.
En su auto, los magistrados detallan que la sentencia del Constitucional no anuló el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024, sino que fijó una pauta interpretativa compatible con el texto legal. Bajo ese marco, el tribunal concluye de manera unánime que el delito de desobediencia por el que permanecía procesada la dirigente independentista encaja sin margen de duda en el perímetro objetivo de la norma, al tiempo que descarta la concurrencia de cualquiera de las causas de exclusión tipificadas en el artículo 2.
Del archivo por sedición a la extinción penal definitiva
La situación procesal de Ponsatí presentaba singularidades frente a la de los líderes del 1-O condenados en 2019:
Tras permanecer cinco años residiendo en el extranjero para eludir la acción judicial, Ponsatí regresó a España en marzo de 2023. Aunque pesaba sobre ella una orden nacional de busca y captura, quedó en libertad tras comparecer ante el juzgado, ya que el cargo que mantenía activo no conllevaba pena privativa de libertad.
Inicialmente procesada por sedición —delito castigado con penas de hasta 15 años de prisión e inhabilitación—, la reforma del Código Penal promovida a finales de 2022 suprimió dicho tipo penal. El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, adaptó entonces el procesamiento, reduciéndolo exclusivamente a desobediencia.
Con este pronunciamiento, el Supremo clausura formalmente el frente penal contra la exconsejera del gabinete de Carles Puigdemont, dejando sin efecto las medidas cautelares y los antecedentes derivados del referéndum del 1 de octubre de 2017.
