El Gobierno de Sánchez concedió el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña condenada a 4 años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental al adjudicar contratos de forma irregular a un informático de confianza.
La pena se reduce a dos años, lo que evita su ingreso en prisión al no tener antecedentes. Se mantienen la multa de 36.000 euros y cuatro años de inhabilitación.
El Ejecutivo justificó la medida en que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había señalado en su sentencia que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva.» Sin embargo, la concesión del indulto llega después de que el Supremo rechazara aplicarle la ley de amnistía pactada con Junts para la investidura de Sánchez, y en un momento en que el Gobierno necesita el apoyo de la formación de Puigdemont para sobrevivir políticamente.
Junts había reclamado en varias ocasiones la amnistía para Borràs.
