El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado destinar 18,7 millones de euros para el nuevo centro de menas de Fuenlabrada. Este proyecto, que representa una inversión significativa en la infraestructura de la región, contará con una extensión de 4.000 metros cuadrados y podrá albergar hasta 96 inmigrantes. Además, las instalaciones están diseñadas para proporcionar un espacio adecuado y seguro para los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el alcalde del municipio, el socialista Javier Ayala, ha expresado su oposición al proyecto en numerosas ocasiones. Desde su perspectiva, la utilización de este espacio no es apropiada para ese fin. Ayala ha manifestado que el centro se convertirá en «un contenedor de menores». Según él, esta instalación no se ajusta al modelo que defiende el Ayuntamiento. Por lo tanto, ha decidido que agotará todas las vías legales para tratar de frenar la puesta en marcha del centro.
La oposición del alcalde se basa en su visión de un modelo diferente para la gestión de menores extranjeros no acompañados. Ayala argumenta que el centro no responde a las necesidades reales de estos jóvenes. En consecuencia, su objetivo es encontrar soluciones más integradas y menos institucionales. Considera que un espacio de estas características puede ser perjudicial para los menores y para la comunidad.
Mientras tanto, la comunidad de Fuenlabrada ha sido testigo de debates intensos sobre este tema. Los residentes han mostrado diversas opiniones respecto a la instalación del centro. Por un lado, algunos apoyan la iniciativa, argumentando que proporciona una solución necesaria para los menores en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, otros comparten las preocupaciones del alcalde y temen que el centro no sea la mejor opción.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido la decisión del Consejo de Gobierno. Según ella, la inversión en el centro es crucial para abordar un problema social importante. Díaz Ayuso ha enfatizado que el centro ofrecerá condiciones adecuadas y que se gestionará con profesionalidad.
En este contexto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada continuará sus esfuerzos legales para detener el proyecto. Javier Ayala sigue firme en su convicción de que esta no es la solución adecuada. Finalmente, la tensión entre el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno refleja un conflicto más amplio sobre cómo abordar el tema de los menores extranjeros no acompañados en la región.
