El Tribunal Constitucional ha decidido anular la normativa que permitió al exconsejero Lluís Puig votar telemáticamente desde Bélgica durante el año pasado. Esta resolución llega en un momento crucial, justo antes de que Puigdemont y Puig deban votar para la formación de una nueva Mesa del Parlamento catalán.
En los últimos días, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estado evaluando un recurso presentado por el grupo ‘Socialistas y Unidos para Avanzar’. Este recurso se refería a unos acuerdos de la Mesa del Parlament de abril de 2018. Dichos acuerdos habían aprobado una regulación transitoria que permitía el voto telemático.
El Tribunal ha determinado que estos acuerdos se adoptaron sin una reforma del Reglamento de la cámara catalana. Esta reforma aún no se ha llevado a cabo. Lo que, según el Tribunal, vulnera los derechos de otros diputados a ejercer sus funciones representativas de manera adecuada.
Además, el Tribunal ha dejado claro que la situación de «quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura» no justifica el uso del voto telemático. En otras palabras, no es válido que alguien en esta situación vote de forma remota.
Esta decisión del Tribunal Constitucional tiene importantes implicaciones políticas y jurídicas. La anulación de la normativa transitoria podría afectar la forma en que se llevan a cabo futuras votaciones en el Parlamento catalán. Especialmente en lo que respecta a los diputados que no están físicamente presentes en Cataluña. La sentencia también subraya la necesidad de una reforma del Reglamento de la cámara catalana para evitar futuras controversias sobre el voto telemático.
El fallo del Tribunal Constitucional destaca la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos y de garantizar que todos los diputados puedan ejercer sus funciones representativas sin restricciones indebidas. La resolución busca asegurar que las decisiones parlamentarias se tomen de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes, protegiendo así la integridad del proceso legislativo.
La decisión de anular la normativa transitoria que permitía el voto telemático desde el extranjero refuerza la necesidad de un marco legal claro y adecuado para la participación parlamentaria. Garantizando que todos los diputados cumplan con sus responsabilidades de manera equitativa y conforme a la ley.
