El desequilibrio estructural del sistema público de pensiones en España ha pulverizado todos los registros históricos. El pasivo vivo de la Seguridad Social alcanzó en 2026 los 136.178 millones de euros, multiplicando por casi ocho (+693%) los mínimos de 17.173 millones registrados en 2016, según constatan las series oficiales del Protocolo de Déficit Excesivo del Banco de España.
La escalada del endeudamiento se ha producido en paralelo a los máximos históricos de recaudación por cotizaciones sociales e impuestos generales derivados del empleo, la inflación y los incrementos en las bases y tipos contributivos.
El grueso de esta deuda se ha acumulado bajo el mandato de Pedro Sánchez. Cuando el líder socialista llegó a la Moncloa en junio de 2018, el saldo deudor se situaba en 34.888 millones de euros; desde entonces, el volumen se ha cuadruplicado (+290%), incorporando más de 101.000 millones de pasivo adicional.
Este incremento responde a la inyección sistemática de préstamos extraordinarios canalizados por el Tesoro Público para abonar las pagas ordinarias y extraordinarias, unos fondos que el Tribunal de Cuentas ha advertido de forma reiterada que se transfieren sin calendario ni previsión real de devolución.
El cortocircuito de los parches contables: MEI y hucha de las pensiones
La evolución temporal del pasivo describe un patrón mecánico: el Estado activa transferencias de crédito para evitar que la Tesorería General entre en quiebra técnica durante los picos de gasto de junio y noviembre (pagas extra).
Informes de entidades de análisis como Fedea constatan que las medidas de ajuste desplegadas por el Ejecutivo han resultado insuficientes para frenar el desequilibrio de caja:
Inoperancia del MEI frente al saldo neto: Ni el recargo de cotizaciones introducido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ni las compras testimoniales de deuda para engordar la denominada «hucha» de las pensiones compensan la brecha entre ingresos y compromisos adquiridos.
Presión sobre el PIB nominal: Mientras la deuda total de las Administraciones Públicas ha moderado su ratio hacia el entorno del 100% del PIB beneficiada por el efecto deflactor de la economía, el subsector de la Seguridad Social ha disparado su peso relativo del 1,5% a casi el 7,8% del PIB, firmando el deterioro patrimonial más severo de toda la serie estadística.
El modelo de cobertura mediante crédito presupuestario permanente consolida una anomalía fiscal: el Estado absorbe de forma encubierta el déficit de las pensiones en el cómputo soberano, aplazando el debate de fondo sobre la sostenibilidad del sistema justo cuando la jubilación masiva de la generación del baby boom redobla la presión sobre las arcas públicas.
