El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta lo ha absuelto del resto de las acusaciones. Además, el máximo responsable del Ministerio Público deberá abonar una multa de 7.300 euros —calculada a razón de 20 euros diarios— y asumir las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
En concepto de responsabilidad civil, García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador. La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por los daños morales ocasionados. El fallo ha sido adoptado por mayoría, aunque no de forma unánime.
La resolución incorpora dos votos particulares, firmados por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Quienes discrepan del criterio de la mayoría, lo que ha motivado un cambio en la ponencia asumida por Martínez Arrieta.
Fuentes del Supremo señalan a THE OBJECTIVE que los objetos incautados durante los registros serán devueltos a sus propietarios o destruidos.
La defensa de García Ortiz aún puede recurrir la sentencia mediante un incidente de nulidad —un recurso que raramente prospera—, paso necesario para poder solicitar posteriormente el amparo del Tribunal Constitucional.
Bildu aparece en la trama
La Unión Temporal de Empresas formada por Acciona y Servinabar 2000 obtuvo varios contratos de notable rentabilidad durante su actividad.
Entre ellos figura la rehabilitación del interior del edificio antiguo del Archivo General de Navarra.
De acuerdo con las investigaciones de la Guardia Civil, Servinabar recibió 226.450 euros por este proyecto, distribuidos en dos conceptos: 43.351 euros mediante confirming y 183.098 euros mediante transferencia.
Esta actuación pública forma parte del conjunto de adjudicaciones obtenidas por la UTE, gracias a las cuales Servinabar habría ingresado un total de 3,8 millones de euros, según los datos recopilados por la UCO.
El contrato fue promovido por el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral, dirigido entonces por Uxue Barkos. En mayo de 2018, la responsable de esta cartera era María José Beaumont, consejera independiente propuesta por Bildu.
