El presidente en funciones de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, volvió a señalar ayer al Gobierno de Pedro Sánchez por “ponerse de lado” durante la DANA, que dejó 229 muertos en Valencia. Mazón criticó a los organismos estatales como la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Mazón quiso dar la cara en esta comparecencia a petición propia en la comisión de Las Cortes Valencianas que investigan la tragedia.
Reconoció como error haber confiado en el gobierno de Pedro Sánchez para declarar el estado de emergencia, defendió que «el sistema autonómico funcionó» y que él fue «el único que ha dimitido y ha asumido responsabilidades».
También dijo que ninguna autoridad estatal contactó con él mientras la tragedia se desarrollaba y que un año después apenas se han acometido obras de competencia estatal para evitar que el suceso se repita.
Expulsan a Félix Bolaños del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de Madrid declara incompatible al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para ejercer como abogado mientras ocupe su cargo en el Gobierno.
La medida, que equivale a una suspensión cautelar del ejercicio profesional, se produce tras una denuncia por infracción deontológica presentada el pasado febrero.
Al parecer, el ministro mantuvo su colegiación como ejerciente pese a que el Estatuto General de la Abogacía Española prohíbe compatibilizarla con cargos públicos de la naturaleza de un ministerio. Aunque Bolaños alegó que su colegiación era “meramente formal”, el Colegio rechazó ese argumento al considerar que la condición de ejerciente implica la posibilidad de ejercer.
No obstante, el Colegio de Abogados descarta abrir un expediente disciplinario al no apreciar dolo ni intención de incumplir la norma, pero recordó que el ejercicio simultáneo de la abogacía y un cargo ministerial constituye una incompatibilidad absoluta. Por tanto, Bolaños conservará su número de colegiado y podrá reingresar como ejerciente una vez deje el Gobierno, pero hasta entonces su nombre figurará como no ejerciente, en una resolución que aunque no conlleva sanción formal supone un toque de atención institucional al propio ministro de Justicia.
