Miembros del PSOE habrían elaborado dosieres y recopilado grabaciones con información comprometedora sobre el magistrado Manuel Marchena.
Como saben, el juez del supremo actualmente forma parte del tribunal que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
La operación habría sido dirigida por colaboradores cercanos a Santos Cerdán, como Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, con el objetivo de desacreditar al juez Marchena y sembrar dudas sobre su imparcialidad.
Pero no solo eso, según publica The Objective, los emisarios del Partido Socialista también pidieron al Fiscal Stampa datos sobre el juez García-Castellón. La denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Madrid relata el proceder de los fontaneros del PSOE.
Al parecer esta campaña se enmarca en una estrategia más amplia del PSOE para obtener información negativa sobre jueces, fiscales y otros profesionales considerados «enemigos» del Gobierno.
Actualmente, tanto Leire Díez como Javier Pérez Dolset están siendo investigados por cohecho y tráfico de influencias, y deberán declarar el 17 de noviembre.
Hay diecinueve presos políticos españoles en las cárceles de Maduro
19 ciudadanos con nacionalidad española, incluidos cuatro de origen español y 15 hispanovenezolanos, figuran entre los 866 presos políticos. Según el Foro Penal, permanecen encarcelados en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Entre ellos hay 85 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad, todas ellas por motivos políticos, por ser contrarios a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
El chavismo utiliza a estos detenidos como moneda de cambio en negociaciones internacionales. Por su parte, familiares y organizaciones internacionales claman por su liberación, pidiendo que la comunidad internacional ejerza presión sobre el régimen.
