Un tribunal federal de Washington ha rechazado la estrategia de defensa del Gobierno español y ha autorizado a inversores en energías renovables a embargar bienes de España en EEUU. La decisión responde al impago de una deuda de 156,6 millones de dólares, más los intereses correspondientes.
La jueza Loren Alikhan ha rechazado el argumento del Ejecutivo español de que la normativa europea sobre ayudas de Estado le impide cumplir la sentencia. Además, considera que la insistencia del Gobierno en que no puede pagar constituye un indicio de que «no puede o no quiere» satisfacer la deuda reconocida judicialmente.
Los acreedores podrán buscar activos españoles
La resolución permite a los inversores registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos y perseguir bienes españoles en todo el país. Los acreedores han situado Nueva York como uno de sus principales objetivos.
Además, han enviado solicitudes de información al Federal Reserve Bank of New York y a The Clearing House Payments Company para localizar posibles activos.
El conflicto tiene su origen en los recortes a las primas de las energías renovables aprobados durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, y Mariano Rajoy, en 2012. Las medidas redujeron la rentabilidad prevista de varias inversiones y provocaron una oleada de reclamaciones internacionales contra España.
Más de 2.300 millones de euros pendientes
Los fondos afectados obtuvieron varios laudos arbitrales favorables en el CIADI, pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no abonarlos. Ante esta situación, los inversores han acudido a los tribunales de distintos países para intentar ejecutar las indemnizaciones reconocidas.
Las acciones judiciales se han extendido a Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos, donde los acreedores han conseguido avances para reclamar el pago. La resolución del tribunal federal de Washington supone un nuevo revés para la estrategia del Ejecutivo español y amplía los activos que podrían quedar expuestos a futuros embargos.
La deuda acumulada por España debido a estos litigios supera ya los 2.300 millones de euros. El conflicto continúa abierto y los acreedores mantienen distintas vías judiciales para intentar recuperar las cantidades reconocidas en los laudos internacionales.
