Turquía ha rechazado participar en el sistema de control impulsado por la Unión Europea para rastrear el origen del gas que llega al mercado comunitario, argumentando que solo aplica sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta postura amenaza con abrir una vía para que el gas ruso continúe fluyendo hacia la UE a través de su territorio, aprovechando su papel clave como país de tránsito.
El plan europeo prevé eliminar todas las importaciones de gas ruso antes de 2027, con restricciones a nuevos contratos desde 2025 y el fin de los actuales a mediados de 2026. Bruselas considera esta medida esencial para reducir la dependencia energética de Moscú y cortar los recursos que financian la guerra en Ucrania.
