Ayer tuvo lugar la esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre la DANA, y la nefasta gestión que se saldó con la muerte de más de 200 personas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará hoy un tercer conjunto de ayudas, por un total de 2.276 millones de euros. Su actitud fue la de no reconocer los errores, e intentar defender su gestión:
Durante su intervención, evitó asumir responsabilidades sobre la actuación de su gobierno, defendió la labor de organismos bajo su mando, como la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y atribuyó la culpa al presidente valenciano, Carlos Mazón.
El presidente del Gobierno evitaba, así hacer autocrítica y -sin embargo- pide a Alberto Núñez Feijóo que fuerce la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la DANA durante el pleno del Congreso.
Por parte de Santiago Abascal, el discurso se ha centrado en denunciar la crueldad de Pedro Sánchez en la gestión de la catástrofe, insistiendo en que el fanatismo climático que se ha llevado por delante cientos de vidas.
Abascal también ha pedido al Partido Popular que se decida, de una vez por todas, a romper los pactos con Sánchez y dedicarse a hacer oposición.
La abogacía del Estado se opone a que el Supremo investigue la DANA
La Abogacía del Estado ha mostrado su oposición a que el Tribunal Supremo investigue la gestión del Gobierno central a la catástrofe generada por el paso de la DANA.
Consideran que «es notorio que no concurre la inactividad denunciada», toda vez que defiende las ayudas económicas aprobadas y el hecho de que hasta el 19 de noviembre se habían activado «8.079 efectivos de las fuerzas armadas», 1.965 efectivos de la Guardia Civil y más de 4.000 de la Policía Nacional.
En su escrito, la Abogacía asegura que la asociación Liberum, que presentó la denuncia, «se limita a razonar la existencia de una situación de extrema gravedad, lo que es cierto, y la urgencia de una intervención, pero olvida las actuaciones que se están realizando en la zona».
Así mismo, los servicios jurídicos de la Administración también se oponen a que el Supremo adopte las medidas cautelares que reclama Liberum en el recurso que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia –pero que finalmente ha asumido el Supremo– por la supuesta «inacción» del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a las inundaciones consecuencias de la DANA.
