La entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, conocida como ‘ley Bolaños’, ha generado un problema inesperado para las parejas que planean casarse, ya que elimina la competencia de los Juzgados de Paz para oficiar bodas civiles.
Hasta ahora, estos enlaces se podían hacer en un juzgado y solían ser gratuitos, pero con la nueva normativa, las ceremonias quedan exclusivamente en manos de alcaldes, concejales o notarios, lo que en la mayoría de los casos implica el pago de una tasa.
La medida ha sido criticada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), diversos ayuntamientos e incluso partidos políticos, que han exigido al Gobierno una corrección urgente.
Mientras tanto, municipios de toda España ya enfrentan quejas de parejas que ahora deben pagar por un trámite que antes era gratuito.
