El Gobierno cambia de estrategia y confía en que el Tribunal Constitucional rectifique la decisión del Supremo sobre el procés.
Este lunes, el Supremo determinó que el delito de malversación relacionado con el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017 no era susceptible de amnistía.
Por su parte, el Gobierno ha denunciado las «maniobras políticas» del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, de quien esperaban que presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esto habría obligado a levantar las medidas cautelares y, por tanto, las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Sin embargo, el juez instructor Llarena ha decidido mantener estas órdenes de detención para evitar su levantamiento.
Es crucial destacar la corrección que el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido está realizando sobre la sentencia de los ERE de Andalucía, pues esta establece una jurisprudencia que podría obligar al Supremo a actuar y perdonar la malversación a los independentistas condenados.
El Constitucional anula una condena por malversación de los ERE y allana el camino para librar a Griñán de la cárcel
Continúa el desmontaje de las condenas por los casos de los ERE por parte del Tribunal Constitucional.
Los magistrados han acordado anular una de las penas de prisión por malversación dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo por el reparto de 680 millones de euros a lo largo de una década desde la Junta de Andalucía.
Este martes el Tribunal Constitucional ha revisado el recurso de amparo del exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien había sido condenado a seis años de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación, anulando su condena tras alegar que se le había vulnerado el derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.
Se prevé que esta misma doctrina se aplique a buena parte de los condenados por malversación de fondos de la Junta, entre ellos el ex presidente autonómico José Antonio Griñán, cuyo recurso de amparo se examinará en el próximo pleno, dentro de dos semanas.
