Revelan que la Ley de Nietos omitió durante meses el juramento al Rey y la Constitución. Vox amplía su querella e incluye a la presidenta del INE.
Descubren omisiones del juramento al Rey en la Ley de Nietos mientras Vox amplía su querella a la presidenta del INE
Nuevas revelaciones publicadas por OKDiario señalan que, durante los primeros cinco meses de aplicación de la denominada «ley de nietos», los formularios oficiales para tramitar la nacionalidad española omitieron la casilla y la fórmula expresa del juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes, requisito exigido con carácter imperativo por el Código Civil español.
Las claves de las irregularidades y el frente judicial del Censo Electoral
- Omisión del requisito legal del Código Civil: Durante la primera fase de tramitación de expedientes, las solicitudes no incorporaban la promesa de fidelidad a la Corona ni el acatamiento del ordenamiento constitucional, un trámite de obligado cumplimiento para la adquisición formal de la ciudadanía española.
- Rectificación administrativa como «error material»: Cinco meses después del inicio de las tramitaciones, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción aclaratoria para subsanar los formularios, atribuyendo la falta del texto legal a un mero «error material» y publicando de nuevo el anexo correspondiente con la fórmula completa.
- Medidas cautelares del Tribunal Supremo: Estas anomalías se suman a la reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar las inscripciones directas en el Censo de los Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) derivadas de esta instrucción.
- Ampliación de la querella de Vox: Con el objetivo de evitar maniobras administrativas que eludan el control judicial, Vox ha ampliado su querella inicial contra la secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, para incluir a la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) y directora de la Oficina del Censo Electoral, Elena Manzanera. La querella atribuye a las querelladas la presunta comisión de delitos electorales y de prevaricación administrativa por omisión, solicitando su citación en calidad de investigadas.
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