Los históricos del PSOE vuelven a conjurarse para exigir elecciones de inmediato.
Varios exdirigentes y referentes históricos del PSOE se reunieron ayer en Madrid en un almuerzo marcado por la inquietud, justo cuando José Luis Ábalos estaba a punto de ingresar en la prisión de Soto del Real.
Según The Objective, la comida tuvo lugar después del homenaje en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, acto en el que también participó Felipe González. Unos sesenta socialistas veteranos expresaron su «indignación» por lo que consideran ataques «intolerables» del Gobierno a los jueces.
Alertan de que el país avanza hacia una deriva «antidemocrática» que pone en «peligro» a las instituciones.
Por ello, aseguran que harán todo lo posible para reclamar una «convocatoria inmediata de elecciones».
A la reunión asistieron muchos de los que ya participaron en un encuentro similar en septiembre, donde se debatió sobre el rumbo de Pedro Sánchez y del partido. De aquel debate nació la idea de crear la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, una plataforma destinada a dar voz a los socialistas críticos en las principales ciudades del país.
Ultimátum del juez Peinado a Moncloa
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha enviado una providencia, a la que ha accedido Vozpópuli, en la que exige a Moncloa entregar con urgencia información sobre la actividad de Begoña Gómez y sus asesores.
Advierte de que, si no se remite la documentación requerida ni se justifican las razones de la ausencia, se podría incurrir en un delito de desobediencia.
El magistrado recuerda que el 4 de noviembre ya pidió a Presidencia datos sobre el nombramiento de asistentes del cónyuge del presidente: puestos, funciones y número de asesores designados simultáneamente. También reclamó los datos salariales completos de 2025 de María Cristina Álvarez Rodríguez —asesora investigada— junto a toda la documentación que acredite su situación administrativa.
Asimismo, solicitó las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que la UCO analice si sus «citas, reuniones, traslados o viajes» guardan relación con actividades personales o profesionales de la esposa del presidente.
