Estados Unidos ha autorizado la venta de municiones, bulldozers y otros equipos militares a Israel por un total de 3.000 millones de dólares.
El paquete incluye 35.529 cuerpos de bombas de uso general de 2.000 libras y 4.000 bombas antibúnker del mismo calibre, todas fabricadas por General Dynamics. Aunque el Pentágono señaló que las entregas están previstas para 2026, también dejó abierta la posibilidad de que parte del armamento provenga de los inventarios de EE. UU., lo que podría acelerar su envío inmediato.
Además, se aprobó un segundo paquete de 675 millones de dólares que comprende 5.000 bombas de 1.000 libras junto con kits de guiado para convertir bombas convencionales en armamento de precisión. Un tercer paquete, valorado en 295 millones de dólares, incluye bulldozers Caterpillar D9, utilizados frecuentemente en operaciones militares y de ingeniería.
Este anuncio marca la segunda vez en el mes que la administración Trump declara una emergencia para agilizar la venta de armas a Israel sin la revisión del Congreso, reforzando su respaldo militar al país en un contexto de creciente tensión en la región.
División en Europa sobre cómo implementar la ayuda a Ucrania
Los líderes de la UE temen que la Comisión Europea se apodere de todo el poder en materia de defensa tras la salida de Trump.
La reunión de emergencia del próximo jueves 6 de marzo, convocada para fortalecer la seguridad de Europa, debería ser una oportunidad para demostrar unidad. Sin embargo, en lugar de un consenso, el debate se perfila como una disputa por el control de la estrategia de defensa.
Los gobiernos nacionales sospechan que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechará esta crisis para ampliar la influencia de Bruselas en áreas tradicionalmente reservadas a los Estados miembros. Su historial refuerza estos temores: durante la pandemia de COVID-19, centralizó la compra de vacunas, y al inicio de la guerra en Ucrania, lideró la imposición de sanciones a Rusia y la entrega de armamento a Kiev.
Por último, países como Polonia y Finlandia, en particular, se oponen a cualquier intento de la Comisión de asumir competencias adicionales en este terreno, defendiendo la soberanía nacional en cuestiones militares.
