El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado al priorizar la veracidad del censo y reprime al Gobierno por omitir los datos exigidos sobre las nacionalizaciones.
Nuevo revés judicial al Ejecutivo: el Supremo impide votar el 29-N a los nacionalizados por la «Ley de Nietos»
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y ha ratificado el mantenimiento de la medida cautelar que suspende el derecho al voto de 163.020 beneficiarios de la denominada «Ley de Nietos» de cara a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre.
Las claves de la resolución del Alto Tribunal
- Prevalencia de la veracidad e integridad del censo: Con una mayoría de cinco a uno, los magistrados concluyeron que el derecho de sufragio «no es absoluto ni ilimitado». La Sala remarcó que el interés general de preservar la limpieza, veracidad y la inexistencia de irregularidades en el censo electoral prevalece sobre los intereses particulares de los solicitantes en esta fase cautelar.
- Reprensión institucional por el incumplimiento de requerimientos: El Supremo reprochó duramente al Ejecutivo central el incumplimiento de la orden judicial emitida hace un mes. El Gobierno no aportó el desglose técnico solicitado que permitiera diferenciar las nacionalizaciones concedidas bajo la literalidad de la Ley de Memoria Democrática de aquellas tramitadas al amparo de la controvertida instrucción firmada por la hermana del ministro Óscar Puente. La Sala rechazó la excusa de «imposibilidad material» alegada por la Administración.
- El voto particular discrepante: La magistrada Alicia Millán volvió a emitir un voto particular en contra de la decisión mayoritaria. A su juicio, la convocatoria electoral inminente para el 29 de noviembre genera una «lesión irreversible» en el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos ya nacionalizados e inscritos en el CERA.
- Coste político a siete semanas de las urnas: El pronunciamiento judicial representa una dura derrota para la política migratoria y de memoria histórica del Ejecutivo cuando resta menos de un mes y medio para los comicios generales, en medio de un intenso clima de reproches políticos respecto a la confección del censo en el exterior.
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