El Tribunal Supremo ha ratificado que la inhabilitación de Baltasar Garzón sigue plenamente vigente y, además, ha confirmado que el Consejo General del Poder Judicial no tiene competencia para revisarla a raíz de un dictamen de la ONU.
Por otro lado, Garzón recibió en 2012 una condena de once años de inhabilitación especial, que supuso la pérdida definitiva de su condición de juez y le impidió ocupar cualquier cargo con funciones jurisdiccionales.
Asimismo, el Supremo sostiene que el dictamen emitido por un comité de la ONU no tiene carácter vinculante y, por tanto, no modifica los efectos de la condena impuesta al exmagistrado.
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