El Tribunal Supremo hizo público ayer el fallo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo y a una multa de 7.200 euros por revelación de secretos, además de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador.
Es la primera vez en democracia que un fiscal general en activo es condenado penalmente y apartado del puesto, lo que abre el debate sobre si debe perder también su condición de fiscal de carrera.
El punto clave es el artículo 46.1.d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Que prevé la pérdida de la condición de fiscal en caso de “pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos”. Una interpretación literal permite pensar que la condena del Supremo activa esta causa.
Sin embargo, la sentencia impone una inhabilitación especial solo para “el cargo de fiscal general del Estado”. No para cualquier cargo público. Esto divide a los expertos entre una lectura amplia y otra restrictiva. Que sostiene que solo una inhabilitación general arrastraría la condición de fiscal.
Por otro lado, Pedro Sánchez no asistirá mañana al acto presidido por Felipe VI en el Congreso con motivo del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía.
El presidente acudirá al evento organizado por la Casa del Rey en el Palacio Real y, después, se desplazará a la base de Torrejón para viajar a Sudáfrica, donde participará el sábado en la Cumbre del G-20.
La condena en la prensa internacional
La prensa internacional se ha hecho amplio eco del “hecho histórico” de la condena al fiscal general del Estado, García Ortiz. Varios medios señalan, además, que el principal perjudicado político es Pedro Sánchez, debido a los vínculos del caso con su Gobierno.
El diario británico The Guardian, de línea progresista, fue especialmente directo al titular: “Duro golpe para el presidente del Gobierno español tras la condena del fiscal general en el caso de las filtraciones”.
El conservador The Telegraph fue aún más contundente: “El fiscal general de la izquierda en España, culpable de una filtración dirigida contra la líder conservadora de Madrid”, destacando el trasfondo político e ideológico del caso.
Medios liberales internacionales también subrayaron esa dimensión. Uno de ellos informaba de que el Tribunal Supremo había declarado culpable a García Ortiz. Por filtrar información confidencial sobre la pareja de una destacada política conservadora y rival del Ejecutivo.
En Francia, Le Figaro adoptó un tono más sobrio. El fiscal general del Estado fue multado e inhabilitado por violar el secreto judicial. Aunque también destacó que se trata de un episodio “sin precedentes en la historia” de España.
