La Abogacía del Estado considera «imposible» aplicar el fallo del Tribunal Supremo que ha paralizado la ley de nietos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Por ello, ha vuelto a pedir al alto tribunal que levante las medidas cautelares, tras el recurso presentado por Vox, que podrían impedir votar a más de 160.000 descendientes de represaliados del franquismo.
En un escrito de alegaciones publicado por elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado argumentan que el adelanto electoral hace «materialmente imposible» revisar los expedientes de los nacionalizados a través de esta ley. Recuerdan que ya habían advertido de que los 16 consulados que concentran el 85% de las inscripciones no podrían completar la revisión antes del 1 de enero de 2027, fecha prevista inicialmente para el cierre del censo del próximo ciclo electoral.
Ahora, con el adelanto de las elecciones y un plazo de apenas unos días, la Abogacía insiste en que resulta inviable revisar los expedientes a tiempo.
Por ello, defiende que debe prevalecer el derecho a la participación política. Además, recuerda que el censo electoral para los comicios del 29 de noviembre se cerró el 1 de agosto y se expondrá para consulta el próximo 12 de octubre.
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