Pedro Rollán, presidente del Senado, anunció la aprobación del veto a la Ley de Amnistía, promovida por Pedro Sánchez. La proposición de ley vuelve al Congreso, donde el veto debe levantarse en una votación plenaria que requiere mayoría absoluta. En el pleno del Senado, la bancada del Partido Popular calificó la norma de «obscena» y la consideró un «fraude democrático».
Vox utilizó un argumento similar, afirmando que la amnistía beneficia a intereses personales al permitir que el presidente Sánchez se mantenga en su cargo y que Puigdemont evite ir a prisión. Según Vox, la ley no busca el bien común, sino satisfacer objetivos políticos específicos y personales.
Los socialistas defendieron la medida argumentando que las urnas catalanas validaron la ley. Según ellos, la aprobación de la amnistía refleja la voluntad popular expresada en las elecciones recientes en Cataluña, donde los ciudadanos mostraron su apoyo a esta medida. Los socialistas consideran la ley de amnistía una respuesta legítima a la demanda de reconciliación y diálogo en la región.
Los partidos separatistas insisten en que esta ley es solo el primer paso hacia su meta final de realizar un referéndum de autodeterminación. Según ellos, la amnistía es un paso crucial en su lucha por la independencia y abre la puerta a mayores concesiones.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad y se espera que realice la votación plenaria para levantar el veto el 30 de mayo. El futuro de esta ley controvertida dependerá en gran medida de la decisión del Congreso. La votación será un momento crucial en la política de España, con grandes implicaciones tanto para el gobierno de Sánchez como para el movimiento independentista catalán.
