El Partido Popular y Vox han cerrado filas para rechazar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta entre las comunidades autónomas. Aunque la legislación obliga a las autonomías a acoger a estos menores, ambos partidos anuncian que recurrirán la decisión del Gobierno por la vía judicial y acudirán a la Fiscalía para intentar frenar los traslados.
La crisis se produce después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, donde el Gobierno de la ciudad cifra en cerca de un millar los menores que han cruzado la frontera. El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que activará el mecanismo previsto en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que contempla el reparto obligatorio de estos menores entre las distintas comunidades autónomas.
Las comunidades gobernadas por PP y Vox mantienen su postura
Fuentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía aseguran que cumplirán los pactos de gobierno firmados entre PP y Vox y rechazarán la llegada de nuevos menores inmigrantes. En Aragón, el Ejecutivo sostiene que mantendrá la posición recogida en el acuerdo de coalición, mientras que en Castilla y León ya prepara recursos judiciales para intentar paralizar los futuros traslados.
Además de recurrir a los tribunales, varias comunidades estudian solicitar a la Fiscalía la realización de pruebas de edad para comprobar si quienes llegan son realmente menores. Según las fuentes consultadas, este mecanismo serviría para evitar que adultos sean atendidos como menores dentro del sistema de protección.
Choque político con el Gobierno
La estrategia conjunta de PP y Vox anticipa un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia migratoria. Mientras el Gobierno defiende el reparto de menores para aliviar la presión que soporta Ceuta, ambas formaciones consideran que la responsabilidad corresponde al Ejecutivo central por su gestión de la crisis. Desde la dirección nacional del PP insisten en que actuarán conforme a la ley, aunque rechazan que las comunidades autónomas asuman las consecuencias de la política migratoria del Gobierno.
La llegada masiva de inmigrantes ha reabierto el debate sobre la gestión de la inmigración y la acogida de menores. El Gobierno mantiene que el reparto entre comunidades resulta imprescindible para hacer frente al colapso de los recursos en Ceuta, mientras PP y Vox preparan una respuesta política y judicial que amenaza con prolongar el conflicto en las próximas semanas.
