La UCO de la Guardia Civil investiga si la trama de corrupción que salpica a José Luis Ábalos cubrió el alquiler de un chalet en Rivas Vaciamadrid, donde se mudó con Andrea de Torre. Según El Debate, la vivienda costaba 1.800 euros al mes.
El exministro, imputado por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, está bajo una minuciosa investigación, y el Tribunal Supremo le ha retirado el pasaporte.
El chalet, de 384 metros cuadrados con tres plantas y piscina, fue ocupado por Ábalos a finales de 2022, cuando ya no era ministro pero aún era diputado. Los agentes hallaron en el móvil de su asesor, Koldo García, mensajes en los que el exministro, pese a negar contacto con él, le informaba de la mudanza y le enviaba el anuncio de la vivienda en Idealista.
Este caso sigue el mismo patrón que el del chalet de La Alcaidesa (Cádiz), vinculado a la empresaria Carmen Pano, imputada en la trama de hidrocarburos, quien declaró haber entregado 90.000 euros en efectivo al PSOE.
Aldama medió para que Sanidad comprara 10 millones de mascarillas a su socio ‘dominicano’.
Víctor de Aldama, el comisionista investigado en el caso Koldo, intentó que el Ministerio de Sanidad comprara 10 millones de mascarillas a su socio dominicano Bernardo Castillo.
Según los correos que revela The Objective, Castillo ofreció mascarillas a 2,75 euros la unidad tres días después de declararse el estado de alarma.
Aldama reenvió inmediatamente esta propuesta a Koldo García, entonces asesor del ministro Ábalos, aunque finalmente la operación no prosperó.
La relación entre estos personajes continuó después de la pandemia. Meses después del fallido negocio de las mascarillas, Koldo García firmó una carta oficial de recomendación para Castillo, presentándolo como «representante de empresa privada de España» que «goza de toda confianza por parte de las autoridades españolas».
Los investigadores han descubierto además que Castillo vendió un todoterreno de segunda mano a Ábalos por 15.000 euros en 2021, y que habría ayudado a la trama a desarrollar sus negocios en República Dominicana, donde enviaban transacciones para dificultar el rastreo del dinero.
