La Fiscalía de Argentina ha apelado la decisión que concedió arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner y pide su traslado a una cárcel común.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola argumentan que «jamás existieron motivos reales» para apartarse de la regla de que «la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario».
La ex presidenta fue condenada por formar parte de una trama de corrupción en la llamada «causa vialidad».
Los jueces de la causa habían concedido el arresto domiciliario alegando «razones de seguridad» por el supuesto intento de asesinato de 2022 y la edad de Kirchner, de 72 años.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen centros penitenciarios donde su seguridad estaría garantizada y que «su situación no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso», que ya se han presentado a cumplir sus penas en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
