La Comunidad Valenciana ya cuenta con sus Presupuestos de la Generalitat para 2026, que ascienden a 33.305 millones de euros. Las cuentas, aprobadas por PP y Vox, introducen como principal novedad la denominada ‘prioridad nacional’, que establece nuevos criterios para acceder a determinadas ayudas sociales y a la vivienda.
Los presupuestos suponen un incremento del 3,1 % respecto a 2025 e incluyen 450 millones de euros adicionales para educación. Son las primeras cuentas aprobadas bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca y han salido adelante con los votos de PP y Vox, mientras PSPV y Compromís han votado en contra.
Más peso del arraigo y la residencia
La medida impulsada por Vox no establece únicamente la nacionalidad como criterio. El texto aprobado contempla una asignación prioritaria de los recursos públicos para quienes mantengan un arraigo «real, duradero y verificable» en la Comunidad Valenciana. Este principio también se aplicará al acceso a la vivienda, siempre dentro de la legislación vigente.
La ley de acompañamiento concreta estos requisitos y permite establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio para acceder a determinadas ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. También podrán valorarse factores como el tiempo de residencia, la trayectoria de cotización y la contribución al sostenimiento del sistema.
Restricciones para los inmigrantes en situación irregular
La normativa contempla además que su desarrollo posterior pueda excluir a las personas en situación administrativa irregular de determinadas prestaciones y servicios sociales de carácter estructural. Su acceso quedaría limitado a los supuestos de urgencia vital previstos por la legislación.
Las nuevas cuentas constituyen los terceros presupuestos autonómicos aprobados conjuntamente por PP y Vox desde el cambio de Gobierno de 2023. Durante la negociación también surgieron discrepancias entre ambos partidos, especialmente en torno a la financiación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Vox planteó reducir en casi un millón de euros los fondos destinados a la institución lingüística, pero el PP rechazó la propuesta y evitó que el recorte saliera adelante. Pese a estas diferencias, ambas formaciones mantuvieron su acuerdo y aprobaron unas cuentas que incorporan por primera vez los criterios de arraigo y vinculación territorial en el acceso a determinadas políticas sociales y de vivienda.
