El juez del Supremo cita al FGE y a dos subordinados

Según las últimas investigaciones, al parecer el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde dice que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado.

Así lo considera el juez instructor del caso, ya que la información reservada sobre Alberto González Amador (el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) partió en un mail y la Moncloa fue la receptora de la información.

Por tanto, Álvaro García Ortiz sería una pieza clave en la operación, por su papel en la obtención y manejo de la documentación filtrada. La UCO de la Guardia Civil ha respaldado estas conclusiones con informes que refuerzan las sospechas de revelación de secretos.

Es por eso que ahora el Supremo cita como imputados al fiscal general y a su mano derecha en la Fiscalía de Madrid al considerar apuntalados los indicios delictivos contra ambos, por lo que tendrán que ir a declarar entre finales de enero y principios de febrero. Es la primera vez en la historia de España que el fiscal general del Estado está imputado y tendrá que acudir a declarar.

Los jueces españoles denuncian ante Europa el «ataque al Estado de derecho» de la nueva ley del PSOE – El Debate

El pasado 10 de enero, el Partido Socialista registró una proposición de ley orgánica titulada «de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Sin embargo, la comunidad jurídica ha criticado duramente la norma, denunciando que busca proporcionar «impunidad a la medida» para ciertos casos judiciales concretos.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, ha decidido actuar contra esta propuesta, advirtiendo que, de aprobarse, dificultará la investigación de delitos como malversación, cohecho o blanqueo de capitales, facilitando su impunidad. Además, su disposición transitoria podría archivar causas penales en curso que afectan a figuras mediáticas.

Por ello, la APM ha enviado un comunicado a las autoridades europeas exponiendo los riesgos de esta iniciativa impulsada por el Gobierno socialista.

Aldama pide al Supremo las imágenes del ‘Delcygate’ para probar que Ábalos miente

El empresario Víctor de Aldama ha solicitado al Tribunal Supremo que reclame las grabaciones de seguridad del aeropuerto de Barajas durante la controvertida visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en 2020. 

Su objetivo es demostrar que estuvo presente junto a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y respaldar su declaración judicial en el marco del denominado «caso Koldo». 

El escrito, al que ha tenido acceso El Mundo, argumenta que estas imágenes son clave para confirmar el relato de Aldama y desmentir las afirmaciones de Ábalos, quien presentó un documento en diciembre negando la presencia del empresario en el aeropuerto esa noche. 

Víctor de Aldama sostiene que las grabaciones podrían probar su implicación en la organización del viaje de Rodríguez y su conexión con el exministro socialista, así como la relevancia de sus relaciones políticas.

La defensa del empresario recalca que, de ser denegada esta diligencia, se le privaría de una prueba crucial para el proceso, en el que se investigan presuntos delitos como el tráfico de influencias.

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