El Gobierno de España está impulsando una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para darle mayor autonomía a la Fiscalía.
Entre los cambios principales está que el mandato del fiscal general se ampliará a cinco años, desvinculándolo del cese del Gobierno que lo propuso, siguiendo recomendaciones del Consejo de Europa y la Comisión Europea.
La reforma también obligará a que las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno se realicen por escrito, aumentando la transparencia.
Esta iniciativa llega en un momento delicado, con el actual fiscal general investigado por el Tribunal Supremo, y cuando el Ejecutivo planea traspasar las instrucciones penales a los fiscales.
