El Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias han alcanzado un acuerdo para distribuir 4.500 menas, actualmente acogidos en Canarias y Ceuta, entre el resto de comunidades autónomas, con financiación a cargo del Estado.
El pacto ha sido negociado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quienes han definido los términos de la propuesta.
En concreto, se prevé derivar 4.000 menores desde Canarias y hasta 500 desde Ceuta al resto de las autonomías.
Para que la medida se concrete, quedan dos pasos clave: garantizar la consignación de los fondos necesarios para financiar este reparto y obtener el respaldo de los socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
La propuesta aceptada por el Gobierno central introduce un cambio significativo: el Ejecutivo se compromete a cubrir el 100% del coste de atención de los 4.500 menores no solo durante el primer año, sino hasta que alcancen la mayoría de edad.
Este avance supone un gran cambio respecto al modelo anterior, en el que el Gobierno central solo asumía los gastos del primer año en los centros de acogida y las comunidades debían asumir sus gastos hasta los 18 años.
El Gobierno amenaza con reformar la LOPJ
En otros asuntos, tres de las cuatro asociaciones de jueces han avisado este martes que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial anunciada por el Gobierno puede servir para «meter» jueces sustitutos por la «puerta de atrás».
Estas reacciones tienen lugar después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un anteproyecto para incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores, y prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales, entre otras cuestiones.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, aseguró en declaraciones a Europa Press que «hay cuestiones de la ley que son inasumibles» y enfatizó en que hay reformas de las que sospechaban pero no sabían «nada».
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, considera que «este anteproyecto de ley lo que viene a constatar es la profunda desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo respecto de los jueces».
Por su parte, el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, también se mostró «muy en contra» del «cuarto turno excepcional que se quiere crear para acabar con el problema de la interinidad de los jueces sustitutos».
