El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha anunciado que emprenderá acciones administrativas y judiciales contra la orden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que modifica el régimen de uso de su histórica sede de la calle Santa Isabel, 51. La resolución, firmada el pasado 27 de julio, sustituye el convenio vigente desde 1970 por una concesión demanial de 25 años y reserva parte del inmueble para el Museo Nacional Ramón y Cajal, lo que, según el Colegio, limita de forma importante su actividad y capacidad de funcionamiento.
La orden establece que la planta baja y parte del sótano pasarán a ser de uso exclusivo del Museo Nacional Cajal. Entre los espacios afectados se encuentran el vestíbulo principal, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa, galerías, archivos y almacenes. Además, el Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal tendrán un uso compartido y quedarán sujetos a la autorización previa del museo para determinadas actividades. El ICOMEM conservará el uso de las plantas superiores, el Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido y la gestión de la cafetería y la cocina.
Durante más de cinco décadas, el Colegio asegura haber gestionado, conservado y modernizado el edificio, declarado Bien de Interés Cultural, destinándolo a la formación médica y a actividades colegiales y de interés público. La institución afirma haber invertido cerca de 11 millones de euros en la mejora de las instalaciones durante los últimos seis años y sostiene que el nuevo régimen incorpora restricciones sobre el uso de los espacios, la realización de obras y la cesión de dependencias, además de contemplar la posible extinción anticipada de la concesión por razones de interés público.
El Colegio vincula la medida al conflicto por el Estatuto Marco
El presidente del ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés, ha criticado duramente la actuación del Ministerio y ha asegurado que la decisión responde a una represalia por la posición mantenida por la institución frente al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. En declaraciones públicas, calificó la medida de «venganza» y afirmó que fue adoptada de forma «repentina y unilateral», además de denunciar que se aprobó «con nocturnidad y alevosía» al coincidir con el periodo estival, lo que, a su juicio, dificulta la respuesta inmediata de los cerca de 60.000 médicos colegiados en la Comunidad de Madrid.
El Colegio insiste en que apoya la creación del Museo Nacional Ramón y Cajal y la conservación del legado del científico, recordando que en 2021 participó en el denominado Acuerdo de Atocha para impulsar un museo dedicado a la medicina española. No obstante, considera que ambos proyectos son compatibles y defiende que la reorganización del edificio debería haberse alcanzado mediante un acuerdo negociado y no mediante una decisión unilateral del Gobierno.
La Junta Directiva del ICOMEM ha encargado un análisis jurídico urgente de la orden ministerial y solicitará una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para conocer las razones de la decisión. Además, convocará una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre para informar a los colegiados sobre la situación, las actuaciones legales previstas y el impacto económico que, según la institución, tendrá la pérdida de parte de su sede histórica.
