China ha reforzado el control sobre sus inversiones en el extranjero con la entrada en vigor del decreto 837.
Según esta nueva normativa, las empresas y particulares están obligados a informar al Gobierno sobre su actividad y someterse a revisiones periódicas.
Dice el Gobierno chino que esta nueva norma evitará la salida de tecnología y conocimientos considerados sensibles para su país.
El decreto prohíbe, entre otras medidas, la transferencia al exterior de conocimiento en sectores clave como baterías, inteligencia artificial o biotecnología.
Con ello, Pekín blinda su industria estratégica y limita el alcance real de muchas inversiones chinas fuera del país.
Esta regulación puede afectar directamente a España, donde en los últimos años se han anunciado proyectos industriales vinculados a empresas chinas, especialmente en el sector del vehículo eléctrico.
