Un total de 286 presos extranjeros en situación de prisión preventiva solicitaron acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes antes de que finalizara el plazo de presentación de solicitudes, el pasado 30 de junio. Así lo han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias, que precisan que las cárceles de Murcia, Castellón y Alicante fueron las que registraron un mayor número de peticiones.
Instituciones Penitenciarias no ha detallado cuántos de estos internos están investigados por delitos graves. El organismo recuerda que la prisión preventiva es una medida cautelar y que su aplicación no implica una condena ni la culpabilidad del investigado.
El proceso de regularización exigía que los solicitantes aportaran, entre otros documentos, un certificado de antecedentes penales. Sin embargo, el real decreto que regula esta medida establece que la existencia de antecedentes no supone, por sí sola, la denegación del permiso de residencia.
La decisión sobre cada expediente corresponderá a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este organismo analizará cada caso de forma individual para determinar si el solicitante puede acceder a la regularización o si existen motivos relacionados con el orden público o la seguridad que justifiquen el rechazo de la solicitud.
El proceso extraordinario de regularización concluyó el 30 de junio tras varios meses de vigencia y permitió que ciudadanos extranjeros que cumplían los requisitos establecidos presentaran su solicitud para obtener autorización de residencia. Los expedientes continúan ahora en fase de revisión por parte de la Administración.
