El Gobierno de España está trabajando activamente para prohibir los pisos turísticos en los edificios residenciales con vecinos. Así lo ha confirmado este martes la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La ministra aseguró que se está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Este cambio tiene como objetivo vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios. Se considera que las viviendas destinadas al alquiler turístico ejercen una actividad económica.
Isabel Rodríguez argumentó que esta decisión se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este tribunal ya se pronunció en dos sentencias el año pasado. Los casos involucraban vecindarios de Oviedo y San Sebastián. En estas sentencias, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es, efectivamente, una actividad económica. Por lo tanto, dieron la razón a las comunidades de propietarios que se opusieron a esta práctica.
El Tribunal Supremo ordenó el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos en esos vecindarios. Esta decisión sentó un precedente importante. Las comunidades de propietarios vieron reforzada su posición frente a los propietarios de apartamentos turísticos. La medida busca proteger la convivencia en los edificios residenciales. Los vecinos han expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el impacto negativo del turismo en su calidad de vida.
¿Qué beneficios tiene la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal?
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal permitiría a las comunidades de propietarios vetar los pisos turísticos de manera más efectiva. Actualmente, las comunidades tienen que recurrir a largos procesos judiciales para lograr este objetivo. Con el cambio propuesto, se facilitaría la aplicación de estas restricciones. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para regular el mercado de la vivienda.
El aumento de pisos turísticos ha sido un tema controvertido en muchas ciudades españolas. Los críticos argumentan que este fenómeno contribuye a la gentrificación y al aumento de los precios de alquiler. Al prohibir los pisos turísticos en edificios residenciales, el Gobierno espera mitigar estos efectos negativos. La ministra Isabel Rodríguez subrayó que la prioridad es proteger el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
