La UCO ha acudido al Ministerio de Igualdad para recabar documentación sobre un presunto fraude en la contratación de las pulseras antimaltrato.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Europea, se centra en posibles irregularidades en el uso de fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.
En concreto, la Fiscalía ha detectado anomalías en la contratación y el seguimiento de los contratos adjudicados en 2018, 2021 y 2023. Este último estuvo vigente hasta mayo y quedó bajo sospecha tras conocerse los fallos de las pulseras, que llegaron a poner en riesgo la seguridad de las víctimas y provocaron la absolución de algunos maltratadores.
Pese a que la ministra Ana Redondo y el Gobierno aseguraron que los problemas se solucionarían con un nuevo contrato, distintas informaciones apuntaron a que los dispositivos sufrían fallos reiterados y que el Ejecutivo conocía estas incidencias antes de que trascendieran públicamente.
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