Los juzgados de Ceuta han decretado prisión provisional para nueve inmigrantes que llegaron a la ciudad durante la avalancha del pasado 30 de julio. Además, otros dos detenidos han quedado sujetos a una orden de expulsión por su presunta implicación en varios delitos.
Entre los casos investigados figuran tres presuntas agresiones sexuales, dos de ellas con penetración. Los hechos habrían sido cometidos por ciudadanos marroquíes contra mujeres inmigrantes. Una de las víctimas es menor de edad y, según la investigación, también habría sido obligada a vender droga.
Agresiones y ataques a agentes
Otros cinco detenidos han ingresado en prisión por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad. También se investigan otros hechos relacionados con lesiones, allanamiento y tráfico de drogas tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.
La situación ha generado además problemas en distintos espacios públicos de Ceuta. Seis colegios han sufrido entradas ilegales, actos vandálicos y problemas de insalubridad a menos de un mes del comienzo del curso escolar.
Los colegios, otro foco de preocupación
La Policía ha desalojado de estos centros a grupos de inmigrantes que los utilizaban como refugio durante la noche. Tras estos episodios, las instalaciones han quedado con puertas dañadas, cristales rotos, basura y restos de desechos humanos.
El Ejecutivo ceutí ha anunciado un plan de limpieza intensiva para recuperar los colegios antes del inicio de las clases. Las autoridades también mantienen el dispositivo para localizar a inmigrantes que permanecen en distintos puntos de la ciudad.
Mientras tanto, miles de inmigrantes continúan en Ceuta después de la entrada masiva procedente de Marruecos. Las estimaciones sitúan entre 8.000 y 11.000 las personas que todavía permanecen en la ciudad, aunque la cifra puede variar según los registros y los retornos efectuados.
La situación es especialmente complicada con los menores no acompañados. Más de 1.400 menores permanecen censados en Ceuta, aunque el propio Gobierno ha reconocido que la cifra real puede ser superior. Las autoridades mantienen habilitados distintos espacios para atenderlos mientras buscan soluciones ante la presión sobre los servicios de acogida.
