La declaración de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reforzado los indicios de cuatro de los siete delitos que se investigan contra José Luis Rodríguez Zapatero: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. La suma de las penas máximas previstas para estos delitos alcanza los 22 años de prisión.
El empresario ha confirmado que Zapatero le adelantó que el Gobierno aprobaría el rescate de Plus Ultra y ha reconocido que prestaba un supuesto «asesoramiento personalizado» a la aerolínea, un extremo que el juez considera compatible con un posible delito de tráfico de influencias.
Además, Julito ha declarado que la comisión del 1 % del rescate se repartió entre varias sociedades por indicación de Zapatero, reforzando los indicios de blanqueo de capitales. También ha admitido que sigue realizando pagos a la empresa de las hijas del expresidente, pese a que, según afirmó, «no hacen trabajo efectivo», lo que apuntala la investigación por falsedad documental.
Por último, la existencia de un entramado de sociedades para canalizar los pagos refuerza las sospechas sobre un posible delito de organización criminal.
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