Francina Armengol pagó 12,7 millones de euros a empresas de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo por obras inacabadas y mascarillas defectuosas durante su mandato en Baleares.
Su Gobierno adjudicó 9 millones a Levantina (empresa de José Ruz) para construir una residencia de ancianos que nunca se terminó, acumulando 9 meses de retraso antes de que el Gobierno de Marga Prohens anulara el contrato. Ruz alegó robos de cable, problemas por la guerra de Ucrania y una deuda de 1,7 millones con proveedores.
Además, Armengol pagó 3,7 millones a Soluciones de Gestión (empresa de Víctor de Aldama) por 1,4 millones de mascarillas FFP2 que nunca se utilizaron por defectos técnicos.
El Centro Nacional de Medios de Protección confirmó que no tenían la capacidad de filtración necesaria para uso sanitario. Pese a esto, el Gobierno balear emitió un certificado avalando a la empresa como fiable, y Koldo García escribió a Armengol: «Cariño, te mantengo informada» para agradecerle haberle facilitado el contacto de la consejera de Salud.
