Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía el 10 de junio, las autoridades han beneficiado al menos a 86 personas, incluyendo a condenados exonerados y absueltos, quienes han visto cancelados sus antecedentes, tanto judiciales como policiales. Esta normativa ha tenido un impacto significativo en diversas regiones y casos judiciales en España.
El viernes pasado, la Audiencia de Barcelona concedió amnistía a ocho procesados, y tanto la esfera judicial como la opinión pública han recibido esta decisión con atención. Entre los beneficiados se encuentran cuatro manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos. Además se le imputan los delitos de atentados a agentes de la autoridad, resistencia grave a agentes de la autoridad y delitos leves de daños. Esta decisión representa un paso importante en la revisión de casos relacionados con manifestaciones y protestas.
Además, la amnistía se extendió a cuatro miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, quienes estaban acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones. Este acto ha generado un debate sobre la actuación de las fuerzas del orden y las implicaciones legales de sus acciones durante eventos públicos.
El impacto de la ley de amnistía también se ha sentido en Gerona. En esta ciudad catalana el Juzgado Penal Número 2 de Figueres amnistió a la exalcaldesa Marta Felip. Felip había sido procesada como presunta autora de un delito de desobediencia. Esto es debido a su participación en la preparación del referéndum independentista del 1 de octubre. La amnistía de Felip resalta la aplicación de la norma en casos políticos y su influencia en el ámbito municipal y regional.
Con el creciente número de amnistiados, la Fiscalía General del Estado estima que hasta 486 personas podrían beneficiarse de esta normativa. Esta proyección sugiere un amplio alcance y un efecto continuado en el sistema judicial español.
En resumen, la nueva norma ha comenzado a cambiar el panorama judicial en España. Ha ofrecido un nuevo comienzo a individuos previamente condenados o en proceso judicial. A medida que se implementa, el impacto de esta normativa promete ser amplio y significativo. Además afectará a cientos de personas y redefiniendo aspectos clave del sistema legal español.
